Patricia Izquierdo Medina a un paso de la cárcel

101574

OJOS CIUDADANOS
Martín Pérez

Al comparecer ante diputadas y diputados integrantes de la LIV Legislatura local, el secretario de Obras Públicas del Estado, Fidel Luis Giménez Valdez, revela que a la fecha se iniciaron 18 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado en contra de su antecesora, Patricia Izquierdo Medina, y funcionarios de la anterior administración, por la adjudicación directa de contratos de obra pública, cuando debieron haber sido licitadas previamente.

Otros de los señalados en las carpetas de investigación son los ex subsecretarios Sergio Beltrán Toto y Víctor Manuel Escobar Lagunas.
En el caso de Escobar Lagunas, ya no tiene el respaldo del Partido Nueva Alianza, ni de la Sección 19 del SNTE y de ningún padrino político dentro del Gobierno estatal. El ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, se encuentra casado con la ex diputada federal y ex dirigente de la Sección 19 del SNTE, María Eugenia Ocampo Bedolla.

De las 18 carpetas de investigación que se encuentran abiertas, nueve podrían ser turnadas ante la Fiscalía General de la República, puesto que corresponde a la administración de recursos de la Federación, que había sido etiquetados.

En cuanto al tema de la Reconstrucción, en donde no fue entregada la documentación correspondiente y había una serie de deficiencias en los controles contables, la Secretaría de Obras de la administración de Cuauhtémoc Blanco tiene registradas un mil 912 viviendas con pérdida total, de las cuales por medio del programa Unidos por Morelos para la Reconstrucción, se atendieron sólo 325. El Gobierno actual atendió 667 inmuebles, en sus primeros 100 días, y están en proceso de atención otras 452 viviendas.

El ex gobernador del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, junto con los que formaron su equipo de trabajo, lucraron con el dolor ajeno, pues luego del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, las necesidades eran muchas y la población estaba impactada, por lo que también aprovecharon el momento para hacer de las suyas. Aplicaron aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores.

Por otra parte, el director del Servicio Nacional del Empleo (SNE), Jorge Toledo Bustamante, dio a conocer que el Gobierno del Estado de Morelos fue castigado por la Federación, al bajar el presupuesto que tuvo esta dependencia en el 2018 por 22 millones de pesos a sólo 13 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019.

Resulta, que por un acuerdo administrativo, el entonces director del SNE, Alexis Ayala Gutiérrez, fue comisionado con su salario al programa Unidos por Morelos para la Reconstrucción en donde fungía como director operativo, entonces la encargada de despacho, Marcela Hernández Salgado, utilizó recursos por 1.4 millones de pesos para el pago de promotores de la campaña del candidato del PRD a la gubernatura del Estado, Rodrigo Gayosso Cepeda.

Auditores de la Auditoría Superior de la Federación al hacer una investigación sobre los recursos que estaban destinados hacia la capacitación para el trabajo, descubrieron que los recursos fueron canalizados hacia regidores del PRD en los municipios y para solventar la estructura electoral del PRD en la zona sur de la entidad. Así es como Marcela Hernández Salgado podría enfrentar la justicia por delitos electorales.

La cuestión es que no sólo deben ser castigados los ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, encabezados por Patricia Izquierdo Medina, sino que también deben ser sancionados los titulares de los órganos de control interno y quien estaba a cargo de la Secretaría de la Contraloría, así como diputados integrantes de la LIII Legislatura local que se hicieron de la vista gorda con la finalidad de que los recursos fueran destinados hacia sus propias campañas electorales.

En la administración estatal se van dando pasos para que no queden impunes los hechos que pueden ser constitutivos de delitos que afectaron los erarios estatal y federal, en momento en que era mucho el sufrimiento del pueblo.

La cuestión es que con los recursos económicos que tienen los ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas es fácil que pueden emprender el viaje hacia alguna nación con la cual México no cuente con convenio de extradición y de esta manera esperar el tiempo para que puedan sustraerse a la acción de la justicia. No cree usted que ante los señalamientos tan claros, sería conveniente que las carpetas de investigación ya fuera judicializadas y el juez decretase el arraigo de los presuntos responsables. El arraigo procede porque uno de los señalamientos que se hacen es precisamente por delincuencia organizada.

Hasta aquí llegó la tinta por hoy.

Comments

comments