VENDETTA POLÍTICA EN CONGRESO CONTRA LAS INTEGRANTES DEL G-7

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Hay parálisis legislativa y guerra interna.

Como una vendetta política fue calificada la decisión de congresistas acerca del despido injustificado y la suspensión de pagos salarial a trabajadores y colaboradores cercanos de las legisladoras integrantes del Grupo de los G-7.

El despido injustificado es la resultante del forcejeo político entre el choque entre dos bloques de legisladores por un lado las mujeres progresistas que suman 7, y por otro el fiel al gobernador Cuauhtémoc Blanco y, a,  su hermano Ulises, quienes intentan manipular la vida interna del Congreso, para protegerse dela Auditoría Superior que supervisa su cuenta pública, y para maniobrar el presupuesto sin cambios, lo que ha provocado parálisis, y como no doblegan a las mueres legisladoras, hoy las atacaron despidiendo al personal, y cerrando la llave de sus ingresos, Hay parálisis legislativa y guerra interna. un estura y afloje del que solo se saldrá mediante una negociación. Pero el ejecutivo no quiere ceder y tampoco tiene la mayoría suficiente.

Así lo calificaron las diputadas locales de los distintos partidos políticos que conforman el Denominado Frente Progresista de Mujeres (FPM),

Ellas son las coordinadoras parlamentarias de Movimiento Ciudadano (MC), Maricela Jiménez Armendáriz y del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, denunciaron la serie de irregularidades cometidas al interior del Congreso del Estado contra trabajadores y colaboradores cercanos que fueron despedidos injustificadamente de sus empleos y en otros casos les suspendieron el pago de sus salarios de manera irregular.

Las diputadas, que junto con otras diputadas de Morena, Panal y PT conformaron una alianza legislativa para hacerle frente al grupo de diputados que encabeza el presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez a quien han señalado de violencia política y de aprovechar su puesto para evitar dejar el puesto a pesar de violar la legislación.

Las diputadas, entrevistadas por separado, aseguraron que la falta de pago contra sus colaboradores y de las otras legisladoras es un acto de revancha y de presión contra ellas, pero al mismo tiempo, una grave injusticia porque los colaboradores o personal de confianza no son responsable de los conflictos políticos que prevalecen.

Jiménez Armendáriz destacó que los afectados son –en general- padres de familia y madres jefas de familia que deben colegiaturas o no han surtido la despensa de su casa debido a la falta de pagos, por lo que iniciarán acciones legales para defender su derecho al empleo y al salrio que les fue despojado injustamente.

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