Magistrados cómplices por Omisión

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TIRANÍA DEL PODER JUDICIAL REPARTEN CULPAS Y SOMETEN AL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, SCJN IMPONE SU ULTIMÁTUM: O CUMPLEN CUAUHTÉMOC Y JESÚS SOTELO O SERÁN CONSIGNADOS

Dr. Leonel Díaz Rogel

Para muestra un botón o la docena completa, el caso es que desde el poder judicial, en Morelos, con María del Carmen Cuevas López y (“la mano que mece la cuna”) siguen causando obstáculos para la gobernabilidad de la entidad; mucho se ha dicho a lo largo de tres años de la actual gestión de la titular de dicho poder plagado de injusticias para los de casa y también para los de afuera, pero nadie hace nada para remediar dicha situación caótica en que se encuentra la vida jurisdiccional y administrativo laboral, del cuestionado funcionamiento del órgano que debiera ser garante de la legalidad, el orden y la constitucionalidad y a cambio de ello, se tienen constantes denuncias probadas sobre las inconsistencias flagrantes, imposiciones rapaces, absurdas e ilegales, un autoritarismo como forma de ejercer el poder y lo más grave, la cauda de violaciones al marco constitucional federal y local, pareciera que la Ley de Herodes es la única que se cumple en el TSJ.

Las quejas de trabajadores y ex empleados del tribunal superior de justicia de Morelos, van más allá de simples señalamientos, se han recogido diversos testimonios, se tienen hechos notorios sustentados en norma jurídica vigente, resoluciones de tribunales y juzgados federales, a la par de la conducta reiterada para omitir exhortos del Congreso o llamados del Ejecutivo que tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución y la corresponsabilidad en el combate a la criminalidad desatada e incontenible en la entidad y que en el fondo, tiene que ver con el actuar corrompido de la vida jurisdiccional y sobre todo, con la inexistencia de brújula en los destinos del tribunal superior de justicia en la entidad; todo esto adminiculado entre sí dan cuenta de la soberana decisión que se impone a diario por encima de todo lo que pueda representar el interés máximo de la sociedad y que es el bien común; los derechos laborales sumados a las garantías de los peticionarios de justicia, contantemente se ven trastocados, vulnerados y violentados, los homólogos en calidad de magistrados de la referida presidenta del tribunal superior de injusticia, hacen mutis o de plano abiertamente, le aplauden, son cómplices por omisión y silencio y así, la vida pasa, es un papalote que se despliega hacía donde el viento generado por la supra empoderada representante del poder judicial continua impunemente pisoteando la Ley.

No es necesario indagar a fondo, seguir recabando evidencias, escuchando lamentos o denuncias, todo apunta a la peor administración en los destinos de un poder que en lugar de contribuir a la paz y tranquilidad social, se muestra en total opacidad compitiendo entre las entidades del país, para lograr el primer lugar en corrupción, ausencia de transparencia y legalidad e impunidad, por lo pronto, encuestas nacionales especializadas sobre el tema ya le conceden el nada honroso tercer lugar entre los poderes judiciales estatales más aberrantes y corruptos en su ejercicio .

Es evidente que la dinámica proviene de una escuela de nepotismo, desvió de recursos, violación a la normatividad interna, manipulación de los órganos de dirección y administración, imposición de fallos a modo o mediante consigna, designación de plazas o espacios para el mejor postor, allegados o afines a intereses sectarios, personales o de grupos ya coludidos; nada mejor que citar el ejemplo de la suprema corte que en una revisión de la auditoria superior de la federación, sólo de su último año 2018, arrojó como resultado una suerte de observaciones por desvíos de hasta cinco mil millones de pesos atribuidos a las maniobras que desde el consejo de la judicatura materializaría su titular Luis María Aguilar Morales, es decir el ex presidente de la máxima tribuna jurisdiccional de la república, con ese ejemplo de impunidad, ni cómo requerir de honestidad a los poderes judiciales locales que siguen al píe de la letra la enseñanza de sus superiores pares.

Sirva plantear hasta dónde resultó insana para la vida del TSJ la “desaparición forzada” del Consejo de la Judicatura, primero entre finales de 2016 y febrero del 2018, actuando dicho colegiado con número de integrantes par, sin representación de los jueces en su conformación, dando lugar a que durante más de dieciocho meses, el voto autoritario e impositivo de su presidenta se impusiera en la celebración de convenios, contratos, procedimientos laborales y demás atribuciones, al ser cuatro los integrantes, un representante del ejecutivo, otro del legislativo un magistrado y la referida soberana ejerciendo sin ton ni son el voto de calidad para así, en autoritarismo vil, hacer lo que su “santa” y purificada voluntad se le diera, nada peor que eso, a menos de tener a la mano la justificación perversa para abonar a la iniciativa de desaparición del referido consejo de la judicatura, impulsada por el ejecutivo en turno –mejor conocido como Graco Ramírez- y avalada por la 53 legislatura ante el beneplácito de la señora presidenta del TSJ, lo que devino en la creación de la espuria comisión nombrada por el pleno, integrada por dos magistrados afines a la titular y ella misma, lo que se dio para tener una transición temporal y acotada hasta el día 5 de abril del 2018, para así mediante el decreto 2611 de reforma constitucional publicado el 4 de abril del 2018, imponer por mandato de Ley suprema local, que dicha comisión desapareciera y sea sustituida desde el 5 de abril del 2018, por la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial como órgano administrativo integrado por la titular, un magistrado y un juez; a este día, existiendo un exhorto al respecto del cumplimiento de dicho decreto 2611, emitido por el congreso del pasado 2 de mayo y que el 8 del mismo mes en lugar de atenderlo, se dieron cita algunos aplaudidores de la presidenta para que reunidos en instalaciones del TSJ, ante medios de comunicación externaran su complicidad mediante adulaciones personales, sin que hayan tomado en cuenta la invitación vía exhorto del Congreso, y mientras que aplaudían y destacaban el “exitoso” papel que ha desempeñado –según ellos- la señora presidenta, afuera del TSJ a escasos 200 metros, se llevó a cabo la enésima ejecución y lesión a cuatro personas víctimas de la ausencia del eslabón perdido en que se ha convertido esa labor jurisdiccional que es indispensable en la cadena de combate a la inseguridad e impunidad.

Así las cosas nada pasa, ninguna medida ni procedimiento que someta a legalidad la impune y autoritaria gestión; pese a enfrentar un repudio generalizado del personal, magistrados, jueces y auxiliares, aun cuando se sabe descubierta por la vox populi en la serie de trapacerías, excesos, violaciones al marco jurídico e incluso opacidad, falta de transparencia con riesgos de que a la postre sean expuestos posibles peculados, mediante la imposición sin convocatorias, exámenes de oposición ni cumplimiento a procedimientos electivos en la designación de jueces, así como el despido injustificado de cientos de trabajadores y funcionarios del tribunal superior de injusticia, aunado a que dicho poder ha ejercido denuncias tratando de justificar sus responsabilidades provenientes del incumplimiento al pago de jubilaciones, con lo que tiene con un píe en el cuello ahora mismo y por mandatos del 4 de marzo y 21 de mayo recientes, -emitidos por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, a sus pares titulares del Ejecutivo y Legislativo local.

En específico, virtud a la denuncia dolosa que interpuso la presidenta, ahora la SCJN a través del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, el pasado 21 de mayo del 2019, emplaza y advierte al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, para que en caso de no realizar en un término de diez días las transferencias de dinero relacionados con el pago de jubilaciones, serán consignados ante un juez federal por desacato, tal y como lo dispone el párrafo segundo, del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de lo que se requiere de una transferencia millonaria para tal pago pendiente en concepto de jubilaciones, cuyos montos antes han sido presupuestados para el TSJ y ejercidos en otros asuntos, dejando de cubrir el pago de los derechos jubilatorios de los ex trabajadores.

Léase mi caro, querido y único lector, que en Morelos tenemos una suerte de vida política de carcajada, plagada de burlas, cinismos viles y abruptas conductas contumaces que atentan contra la vida institucional, ello prodigado desde el ejercicio del poder mismo; cómo se requiere a los gobernados que guarden compostura, que respetan la Ley, que se conduzcan en un marco de derecho igualitario para todos, que se doten de garantías constitucionales o derechos humanos, si los primeros que debieran hacerlo, son quienes violentan el orden y la disciplina que por coercibilidad hace que la ley se cumpla parejo, sin distinción ni medias tintas, pero somos parte del elenco de la película remasterizada de la Ley de Herodes en donde chin…gas o te joden, y en la que los principales actores y actrices pueden ser localizados en sus cómodas instalaciones del TSJ.

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