Magistrados a la calle empezando por la titular del TSJ

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Poder Judicial // la razón, el derecho y la justicia por fin llegan a Morelos.

Dr. Leonel Diaz Rogel

Por el Bien de Todos primero los derechos humanos y ciudadanos, así tenemos que el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, sí hace historia el día 10 de septiembre del 2019; y es que mediante el desistimiento a las observaciones que hubiera promovido al legislativo, por fin lo esperado por el Foro de Abogados: se hace la publicación de lo determinado en sesión plenaria de la actual legislatura el pasado 24 de junio del 2019; fue en esa fecha, en que atinadamente los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, destacaron su labor legislativa frente a sus gobernados y junto a sus pares que así coincidieron, al permitirse el Decreto número 427, por medio del cual dejaron sin efecto alguno el Decreto 2610 del 30 de mayo del 2018, por el que se expidieron los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera del Decreto 1613, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5477, de fecha 24 de febrero del 2017. En concreto y para lo que trasciende e interesa, la permanencia de los magistrados en dicho poder judicial,  se reduce de 20 a 14 años, lo que permitirá la renovación de tan importante poder en la entidad, y así mismo, dará conclusión a la cuestionada gestión de su presidenta, exponiendo la verdad única que se traduce en las imploraciones que a diario exigen la salida de la titular del TSJ virtud a la cauda de actos y conductas plagadas de corrupción e impunidad; y es que a partir de 2015 en que tomo protesta del cargo, no ha transcurrido una sola semana en que deje su autoritarismo con el que ha generado nutridas notas negativas, con las que atenta contra la imagen de la referida institución con la dinámica de su espuria y repudiable representación de frente a sus homólogos, jueces, personal de confianza y sindicalizados y sobre todo, con afectación en la calidad de los servicios jurisdiccionales para  los implorantes de justicia.

Valga la pena hacer mención de los antecedentes que han llevado a los Diputados a tomar el sartén por el mango, de forma tal que percatados de la importante misión que tienen a cuestas, fue que el citado 24 de junio pasado, en una sesión histórica, relevante y con alturas de miras, la mayoría de los legisladores, atendiendo los reclamos ciudadanos, del personal de a pie, jueces y magistrados, así como ante la presión de lo ampliamente dado a conocer de manera objetiva por los medios de comunicación y redes sociales -que no se prestaron al juego de aplaudidores, compinches y lambiscones de la señora presidenta-, propusieron al Pleno el acuerdo con alcance de Decreto, mediante el cual se dilucidó de manera técnico jurídica, sobre la pertinencia de aplicar el alcance y fuerza de todo artículo transitorio, que de manera temporal ejerce procedimientos efectivos y legales para que una Ley sea abrogada o derogada, y en la especie así ocurrió, de manera que, la conciencia personal y el compromiso social de quienes elaboraron, impulsaron hasta su aprobación y envío al Ejecutivo el Decreto en comento, podrán estar satisfechos pues se trata de una deuda con los implorantes de justica y el personal de TSJ, que desde el 2015 ya se tenía y se sostenía con hilos muy delgados identificados por sus mañas, apadrinamientos mafiosos y sobre todo, intereses mezquinos de quienes acostumbrados con la mercadería de la justicia, le apostaban a que la vigencia de la permanencia de la citada titular y sus corifeos cómplices, fuera ratificada de 20 años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto del resultado que ansiaban como benéfico dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 20/2017, expuesta ante la Ponencia del Ministro Instructor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; el caso es que el Decreto 427 deja dilucidada la materia de dicha Acción de Inconstitucionalidad y por lo tanto, la temporalidad de los magistrados del poder judicial y específicamente de la presidenta del TSJ, lo es por 14 años, en consecuencia, su período como magistrada y como presidenta del TSJ a meridiana claridad según el citado Decreto publicado el 10 de los presentes, queda concluido desde el pasado 4 de Julio.

Es inequívoco que la cosa pública en Morelos está en una vorágine de traspasos de intereses, negociaciones y encontronazos, para el tema es importante destacar lo que ocurrió el 27 de junio del 2019, fecha en que la Junta Política del Congreso se permitió de manera por demás pueril y estólida, desechar la denuncia de juicio político que se habría iniciado en contra de la presidenta del TSJ, siendo el caso que dicho desechamiento ameritó el Juicio de Amparo Indirecto, mismo que se sigue ante la jurisdicción federal y a esta fecha pendiente de su continuidad y posterior resolución, con un evidente retraso procurado en estrategia por demás dolosa y ello, virtud a diversas artimañas que con artilugios leguleyos son propios de los asesores y de la propia señalada denunciada, apadrinada por su equipo de seguidores incrustados en instancias y Poderes salientes y vigentes, de manera que, aún ante su eventual salida inmediata del cargo de magistrada y presidenta del TSJ, a la sazón del resultado y sentencia del Amparo de referencia, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, máxime cuando que a este día, existen diversas resoluciones de Tribunales Colegiados en el Estado de Morelos que imponen su ignorancia jurisdiccional al haber incurrido en faltas y violaciones a la Constitución Federal y Local, que tiene que ver con violación a derechos laborales y Humanos del personal de la institución que debiera garantizar justicia, y que en su estadía, dicha funcionaria ha actuado totalmente a contrario sensu.

El paso por el Poder Judicial debiera ser la oportunidad de enaltecer la labor de la abogacía, exaltando los principios y valores que la formación de tan noble profesión nos brinda, concediendo en vida plena a cada minuto el cumplimiento de los cánones de la Ley, el Derecho y la Justicia, dando a cada quien lo suyo de manera diáfana, transparente y ética, alejando como premisa a cada instante las tentaciones del dinero fácil y la mercadería del quehacer jurisdiccional, cumpliendo a cabalidad con la protesta que se hace al tomar posesión del cargo en el nivel que corresponda, atendiendo los llamados de las dinámicas sociales que conllevan verdaderos retos para bien de todos, escuchando y aprendiendo con humildad de la vorágine que se tiene en los poderes de enfrente, alimentando la unidad, la tranquilidad y sobretodo el ambiente de armonía sin terrorismo laboral para los que son colaboradores y nunca más subordinados, entendiendo que la posibilidad de llevar las riendas de tan importante quehacer jurisdiccional es para servir y no para servirse, y así en resumen, visualizando que todos los cargos públicos son temporales, deben ser herramientas para allegarse prestigio y posicionamiento entre los usuarios y empleadores, aunado a que, la arrogancia, prepotencia, autoritarismo y sobrada actitud elitista o formadora de grupos facciosos que al final de cuentas se convierten en cómplices de las raterías, corruptelas e impunidad con que ahora se dibuja una triste ineficaz y deficiente administración del TSJ, podrán estar contados los minutos, horas, días o meses para que la titular sea llamada a cuentas, lo cierto es que, el Legislativo con el Decreto 427, su estructura, contenido y alcance y el Ejecutivo con la publicación para los efectos inmediatos del mismo, quedan cumpliendo una deuda social, de compromiso político, de alcances relevantes, y quien llegue a la Presidencia del TSJ, así como quienes accedan a los espacios de los magistrados que también saldrán, tienen tareas que cumplir ante la sociedad mexicana que sigue transformándose para Bien de Todos.

Quienes ganan en este momento de trascendencia legislativa y ejecutiva, somos primeramente los habitantes de Morelos, los implorantes de Justicia, el personal del TSJ, los Magistrados y Jueces que se han opuesto a la forma de dirigir los destinos por parte de los compinches de la referida titular, así como las y los Diputados que asumieron el compromiso social que les impone el cargo que ostentan; a la par del equipo del Ejecutivo que nunca ha estado de acuerdo con el actuar de la institución plagada de cuestionamientos en aquello del combate a la delincuencia y que más bien, ha dado muestras una y otra vez de estar en colusión o con extraños criterios de liberaciones, que más bien atienden a que la situación del Estado tenga los niveles de caos como los que nos afectan a diario y en cualquier lugar y hora del territorio zapatista; en la publicación del Decreto 427, el desistimiento de las observaciones que habría hecho el Ejecutivo sobre dicho Decreto, expone un acierto virtud a que no se puede alcanzar la gobernabilidad con uno de los tres poderes dividido, confrontado y sobre todo, evidenciado de injusticias, corrupción, impunidad y terrorismo laboral. ¡Nadie por encima de la Ley!, la imposición de 20 años en el cargo de magistrado que procuraba protección y asistencia de defensa desde el poder judicial a los funcionarios, servidores públicos y representantes populares calificados como ladrones y corruptos que se han ido, concluyó de la manera más adecuada…¡¡¡Por la vía de la Legalidad, el Derecho y la Justicia!!! En seguimiento, SSS.

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